Hoy la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional a planteado sus dudas sobre la
constitucionalidad de la medida adoptada por nuestro Gobierno quitando la paga extraordinaria
a los funcionarios (entiendo que igual de inconstitucional será en el caso de
los demás empleados públicos)
La posible
inconstitucionalidad radica en la retroactividad de la medida ya que, aunque se
trate de un pago realizado en un mes concreto del año (diciembre), el derecho
al cobro se devenga día a día desde el uno de enero.
La pregunta que
yo ahora me planteo es ¿Qué pasa si los trabajadores afectados por esta medida,
cuando se reconozca que el trato al que se les ha sometido es inconstitucional,
reclaman daños y perjuicios?
No olvidemos que
todos estos trabajadores tienen que hacer frente como los demás a hipotecas,
gastos de escolarización de sus hijos, primas de seguros de hogar, del coche,
etc.
Nos hemos quedado
muy a gusto cuando nuestro Gobierno nos ha explicado que les quita una “paga
extra” como si fuera algo de lo que todo el mundo prescindimos, como si una “paga
extra” fuera un regalito que dedicamos a juerga y vino o a los regalos de reyes,
como si a nadie se nos hubiera ocurrido jamás eso de aprovechar la “paga extra”
para pagar el seguro de la casa o el coche, en definitiva, como si no fuera
algo tan necesario como las “pagas ordinarias”.
Imaginemos por un
momento que uno de estos trabajadores se ha encontrado en la situación de no
poder hacer frente a su hipoteca en enero por haberle faltado liquidez.
¿Los intereses de
demora que le hayan cobrado los asume él? Yo diría que no, yo en su lugar
reclamaría hasta el último céntimo.
Imaginemos ahora
que un buen señor ha tenido que dejar de usar su coche porque no le llegaba
para la gasolina y ha tenido que invertir más horas en desplazamientos por usar
el transporte público. Esas horas extraordinarias que ha tenido que restarle a
su familia para dedicarlas a su trabajo (en desplazarse sí, pero a su trabajo,
no a su vida) ¿Se las vamos a pagar o nos las ahorramos? Si yo fuese ese
trabajador las reclamaría.
Y, además de las
devoluciones, todas esas posibles reclamaciones ¿Quién las tendría que pagar?
Nuestro Gobierno. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. ¡Menudo ahorro hemos hecho!
¿Acaso no tiene
nuestro Gobierno juristas suficientes para prever estas cosas?
Como
contribuyente me toca mucho la moral que quien administra el dinero que pago
con mis impuestos se muestre tan torpe en materias tan básicas.
Y otra cosa más
¿Dónde estaban los periodistas expertos en temas legales que no abrieron la
boca cuando nuestro Gobierno anunció estas medidas? ¿Qué pasa que vende más
periódicos cizañar a unos trabajadores (los “no públicos”) contra otros
trabajadores (los “públicos”) que informar veraz y fielmente a la audiencia?
Claro, se me
olvidaba que la verdad no vende, sólo ofende y ya que como borreguitos
protestamos contra todo aquel que hace una huelga sin comprobar verazmente si
tiene o no razón para ello, pues nada, a cizañar y a vender periódicos.
Buenas tardes y
gracias.
Muy bien dicho. Me ha gustado sobre todo la indignación por aquellos que administran nuestros impuestos. Ya me gustaría a mi saber el desglose de los gastos estatales...
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